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La OTCA es una organización intergubernamental, constituida por los ocho países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, que suscribieron el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), constituyéndose en el único bloque socio ambiental de América Latina, está orientado a identificar las prioridades de los países amazónicos en el mediano plazo, de acuerdo con la realidad económica, política, ambiental y social de la región.
Este año, se realizó en Bogotá, Colombia; del 18 al 22 de agosto se llevó a cabo el Encuentro Regional Amazónico que reunió a representantes de la sociedad civil, pueblos indígenas, comunidades locales, academia, y otros sectores, mientras que la V Cumbre de Presidentes de los países amazónicos, se realizó del 22–23, 2025, espacio de alto nivel político que buscó consolidar posiciones comunes de los Estados miembros. Ambos procesos se inscriben en la continuidad de la Declaración de Belém (2023), que estableció 113 objetivos para la protección de la Amazonía y la reducción de desigualdades, y en la preparación de la COP30 en Belém (2025).
La Cumbre se desarrolló en un contexto marcado por la intensificación de actividades extractivas, el avance del narcotráfico y las redes criminales, con impactos severos sobre la integridad del bioma:
- Deforestación: entre 2000 y 2020, la Amazonía perdió en torno a 23,7 millones de hectáreas de selva (un área casi del tamaño de Reino Unido). En 2022, la deforestación en la Amazonía alcanzó aproximadamente 1,98 millones de hectáreas, un 21% más que en 2021, siendo el peor año desde 2004
- Punto de no retorno: la Amazonía ha perdido aproximadamente el 17% de sus bosques originales y otro 17% está degradado. Esta situación se acerca al umbral crítico del 20–25%, si lo alcanzamos sería el colapso de lluvias locales y la transformación de la Amazonía a una Sabana.
- Contaminación por mercurio: La minería aurífera artesanal (ASGM) es la principal fuente de contaminación, responsable del 71% de las emisiones, sólo en la Amazonía peruana se liberan unas 185 toneladas de mercurio al año a los ríos.
- Incendios forestales: se están experimentando temporadas de incendios cada vez más graves. El 2024 superó todos los récords, Brasil perdió aproximadamente 2,8 millones de hectáreas de selva tropical. Aunque más del 95% de los incendios amazónicos son provocados por actividades humanas (quemas para desmonte de tierras, etc.), la combinación de deforestación y sequías ha hecho a la selva mucho más inflamable.
- Cambios en patrones climáticos: antes, las grandes sequías ocurrían aproximadamente cada 20 años, ahora son más frecuentes (6 ocurrieron entre 2005 – 2024), y con la del 2024 se registró hasta 70% menos de precipitaciones en algunas zonas, provocando crisis de agua en distintos poblados. Asimismo, las inundaciones también son extremas y más frecuentes; los patrones de lluvias también se han alterado, la estación seca se ha alargado y la húmeda, disminuido.
En el Encuentro Regional Amazónico, se realizaron diversidad de propuestas por representantes de la sociedad civil, academia, pueblos indígenas y comunidades locales, entre las que destacan:
- Participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales, en todo el proceso de la toma de decisiones que afecte sus territorios ancestrales, no al final cuando las políticas o proyectos ya se encuentran en marcha;
- El Consentimiento libre, previo e informado (CLPI) respeto a este derecho sistemáticamente vulnerado. El último suceso es la propuesta del oleoducto binacional Perú-Ecuador, promovido por la presidencia de Perú en julio 2025, sin un proceso de consulta previa, violando normas nacionales y tratados internacionales. Si se realiza este proyecto, además de aumentar los riesgos de contaminación por derrames de petróleo (en promedio en Perú se realizan 148 derrames anuales), el oleoducto atravesará territorios tradicionales de los pueblos indígenas Achuar, Wampís y Chapra.
- Tratado de No Proliferación de combustibles fósiles, que busca detener la expansión de nuevos combustibles, eliminar gradualmente la producción existente y promover una transición justa y equitativa hacia fuentes renovables.
- Mecanismos de financiamiento, directo, oportuno y flexible que reconozcan el aporte de los pueblos indígenas y comunidades locales, con oportunidades de acceso para mujeres y jóvenes.
El eje central de la cumbre fue la adopción de la Declaración de Bogotá, un documento con 32 puntos y 20 resoluciones. Estos incluyen compromisos sobre:
- La creación de mecanismos institucionales y financieros para fortalecer la OTCA y garantizar la implementación de iniciativas regionales.
- Medidas sobre riesgo climático, seguridad alimentaria y salud, enmarcadas bajo el principio de “Una Sola Salud”.
- El reconocimiento de los derechos, sistemas de gobernanza y saberes ancestrales de los pueblos indígenas, con la creación del Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas (MAPI). Un resultado histórico, por primera vez en sus 45 años de existencia, la OTCA contará con un canal permanente de diálogo con los pueblos indígenas. El MAPI tiene el potencial de transformar la gobernanza al reconocer la autonomía indígena, garantizar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y asegurar su representación en la toma de decisiones.
- Compromisos para fortalecer el monitoreo de la deforestación, la cooperación regional en la aplicación de la ley y la lucha contra las economías ilícitas que amenazan el bioma.
Sin embargo, la declaración no mencionó explícitamente la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y no incluyó compromisos vinculantes para detener la deforestación al 2030. Esta omisión refleja las tensiones entre los países que abogan por una transición energética rápida y aquellos que mantienen interés en el desarrollo de combustibles fósiles.
Por otra parte, no se consolidó un Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil, a pesar de que más de 450 organizaciones lo habían respaldado. Esto es especialmente problemático dado que las contribuciones de la sociedad civil son esenciales para lograr soluciones efectivas.
Otro punto de debate fue el lanzamiento del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), que fue propuesto por un alto funcionario del Banco Mundial hace más de 15 años, e impulsado por Brasil en esta Cumbre, cuyo objetivo es movilizar 2.800 millones de dólares anuales mediante aportes de gobiernos y actores privados. El fondo fue recibido como una innovación, y también como una forma de privatizar el financiamiento para los bosques tropicales de manera insuficiente, y beneficiando las dinámicas de poder, vulnerando a los pueblos indígenas y comunidades locales; al mismo tiempo persisten interrogantes sobre su gobernanza, salvaguardas y operatividad.
La Cumbre de Bogotá consolidó una agenda unificada de los países amazónicos para la COP30 en Belém. La Declaración de Bogotá también incluye compromisos para alinear los planes climáticos nacionales (NDCs) con las políticas regionales y posicionar a la Amazonía como un tema central en las negociaciones climáticas globales. No obstante, persisten preocupaciones sobre la falta de compromisos explícitos para abandonar los combustibles fósiles, la limitada operacionalización del MAPI y la ausencia de un mecanismo para la sociedad civil.
La V Cumbre Amazónica en Bogotá representó un paso importante en el fortalecimiento de la cooperación regional y de la arquitectura institucional de la OTCA. A medida que la Amazonía se acerca a un peligroso punto de inflexión ecológico, la credibilidad del liderazgo amazónico dependerá de si estos compromisos se transforman en acciones concretas. La COP30 en Belém será la etapa decisiva: solo con la participación plena de pueblos indígenas y sociedad civil, un financiamiento robusto y accesible, y una ruta clara de transición justa y de deforestación cero será posible asegurar el futuro de la Amazonía.
